domingo, 6 de diciembre de 2009

AGENDA CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL GLOBAL 2025.

En el ámbito democrático, las responsabilidades deben inspirarse hacia un proyecto político para construir una sociedad más libre, igualitaria y equitativa, que mantenga un alto ritmo de crecimiento económico autosustentable, donde cada uno de los miembros de la comunidad tenga efectivas oportunidades para tener una vida digna. Por ello, se propone ampliar los derechos sociales, proteger los bienes nacionales, modificar el régimen de privilegios y establecer una convivencia democrática para todos.

En la administración, se tratará de hacer de este espacio, un espacio transparente, que permita a los sectores sociales conocer y debatir sobre los objetivos y las líneas de política que se proponen en planes y programas, y así, lograr un mayor consenso en la acción de gobierno, y una más amplia participación de los ciudadanos en la política.

En el contexto social, todos tenemos la responsabilidad de mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad y garantizar a las futuras generaciones una ciudad segura, saludable y bella. Esta perspectiva nos obliga a la acción común, al encuentro de soluciones compartidas y un ejercicio firme del gobierno.

En materia de salud, aunque los avances científicos de los últimos años han permitido elevar considerablemente los niveles promedio de salud en el país, la distribución del progreso sanitario entre regiones y grupos sociales sigue siendo muy desigual. Las áreas de cooperación técnicas responsables deben contemplar: la protección social a la salud; la salud de los pueblos indígenas y medicina tradicional; la salud de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos; y la migración y la protección de las fronteras para la salud.

Para el tema del agua, el énfasis en la descentralización y en enfoques relacionados con las dinámicas del mercado, pero también en la participación de los organismos no gubernamentales, enriquecerá los puntos de vista desde las localidades. El cuidado del líquido es central en la administración de la demanda. Sin embargo, la reducción del financiamiento internacional para grandes proyectos de hidroenergía, además de las restricciones presupuestales, orillará a una creciente participación privada y la generación de esquemas locales para concesionar servicios.

En el ámbito tecnológico o intelectual, se debe hacer un esfuerzo relevante por incentivar, reconocer, respaldar y ampliar la capacidad de innovación en la Ciudad de México para beneficio de ésta, así como, establecer un sistema para apoyar proyectos notables.

Con respecto al trasporte y vialidad, el intercambio entre autoridades locales; federales; diputados y partidos políticos; organizaciones empresariales; organizaciones civiles; agrupaciones de profesionistas y colegios de académicos, se debe precisar para resolver uno de los mayores problemas de la circulación de personas y productos. Debe crearse un ordenamiento vial para la ciudad y la metrópoli, con menores riesgos para la sustentabilidad de la vida de la ciudad. La eficacia de tal efecto estará en las medidas para aumentar la velocidad en la movilidad en equilibrio con el crecimiento urbano.

Para el espacio cultural y de ocio, se deben tomar en cuenta los criterios para la conservación, rescate e incorporación del patrimonio urbano arquitectónico en el desarrollo urbano del Distrito Federal. Debe haber mecanismos de generación del espacio público, paisajes culturales y regeneración de entornos patrimoniales en la Ciudad de México. La importancia del paisaje urbano debe contemplarse en el ordenamiento territorial.

En materia ambiental o del entorno, se debe de conducir a la Ciudad de México hacia la sustentabilidad, pues como todas las ciudades del nuevo siglo, la metrópoli exige políticas y acciones concretas de mediano y largo plazos para garantizar su viabilidad ecológica. Se llevarán a cabo un conjunto de acciones sin precedentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr el propósito del Gobierno del Distrito Federal de hacer de nuestra ciudad la más verde de América Latina, pero; principalmente, se trata de responder a la demanda legítima de contar con políticas que propicien medidas en contra del deterioro ambiental.